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Ley 39/2015
Enviado por natttt
Publicado el 2025-02-04 14:51:55
858 palabras
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, regula el procedimiento administrativo en España, estableciendo un marco común para la gestión de los trámites y procedimientos que los ciudadanos deben seguir cuando interactúan con la administración pública. Esta ley busca mejorar la eficiencia, la transparencia y la simplificación administrativa, impulsando el uso de medios electrónicos y asegurando los derechos de los ciudadanos.

A continuación, tienes un resumen de los aspectos más destacados de la ley:

1. Objetivo y ámbito de aplicación de la Ley 39/2015:


La Ley 39/2015 establece los procedimientos comunes que deben seguir todas las Administraciones Públicas (estatal, autonómica y local) para asegurar que los trámites administrativos sean uniformes, eficaces y transparentes. También regula los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la administración.

2. Principios generales:


La ley se basa en varios principios fundamentales:

Principio de eficacia: La administración debe actuar de manera eficiente, resolviendo los procedimientos sin demoras innecesarias.
Principio de transparencia: Los procedimientos deben ser públicos, accesibles y claros para que los ciudadanos puedan comprender cómo y por qué se toman las decisiones.
Principio de simplicidad: La ley promueve la simplificación de los procedimientos administrativos, evitando trámites innecesarios y reduciendo la carga burocrática.


3. Derechos de los ciudadanos:


Los ciudadanos tienen una serie de derechos reconocidos:

Derecho a la información: Los ciudadanos tienen derecho a ser informados sobre el estado de los procedimientos, las resoluciones y las actuaciones administrativas.

Derecho a ser escuchados: En los procedimientos en los que se afecten sus derechos e intereses, los ciudadanos deben tener la posibilidad de presentar alegaciones y pruebas.
Derecho a la tramitación electrónica: Se fomenta el uso de las tecnologías de la información, lo que permite a los ciudadanos realizar procedimientos administrativos de manera telemática.


4. Procedimientos administrativos:


La ley regula cómo deben llevarse a cabo los procedimientos administrativos:

Iniciación: Un procedimiento puede iniciarse por solicitud del interesado o de oficio por la administración.

Instrucción: Durante esta fase, se recogen y valoran los datos necesarios para la resolución del procedimiento.

Finalización: La administración debe emitir una resolución dentro de los plazos establecidos por la ley. Si no se resuelve en ese plazo, se entiende que el procedimiento ha quedado desestimado por silencio administrativo.


5. Silencio administrativo:


El silencio administrativo es el efecto que se produce cuando la administración no responde dentro de los plazos establecidos. Dependiendo del tipo de procedimiento, puede ser positivo (se considera que se aprueba lo solicitado) o negativo (se considera que se desestima la solicitud).


6. Medios electrónicos:


Uno de los aspectos más importantes de la ley es la digitalización de los procedimientos. La ley establece la obligación de las administraciones públicas de facilitar y promover el uso de medios electrónicos para todos los trámites administrativos. Esto incluye la posibilidad de realizar solicitudes, presentar documentos y recibir notificaciones de forma digital.


7. Notificaciones electrónicas:


La ley regula el uso de las notificaciones electrónicas como medio oficial para comunicar resoluciones y actos administrativos. Los ciudadanos deben estar inscritos en el sistema de notificación electrónica y, en caso contrario, recibirán notificaciones en papel.


8. Revisión de actos administrativos:


La ley también regula los procedimientos para revisar los actos administrativos cuando se cometen errores o injusticias. Esto incluye la posibilidad de recurrir o impugnar actos administrativos ante la propia administración o ante tribunales competentes.


9. Colaboración interadministrativa:


La ley fomenta la colaboración entre diferentes administraciones públicas para evitar duplicación de esfuerzos y facilitar la gestión de los procedimientos.


10. Responsabilidad y control:


Establece mecanismos para que los procedimientos sean controlados y auditados, asegurando que la administración actúe dentro de la legalidad y de forma adecuada.



La Ley 39/2015 busca modernizar y simplificar el sistema administrativo en España, haciendo que los procedimientos sean más ágiles, accesibles y transparentes, y promoviendo el uso de la tecnología. También garantiza los derechos de los ciudadanos, asegurando que las relaciones con la administración pública sean claras y eficientes.


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